El Campo de Gibraltar se organiza para la huelga general del 11 de noviembre - Cadena Joven Digital

El Campo de Gibraltar se organiza para la huelga general del 11 de noviembre

La vivienda digna, los salarios y la defensa de los servicios públicos centran la movilización impulsada por colectivos vecinales y sociales de la comarca.

El Campo de Gibraltar empieza a organizarse de cara a la huelga general convocada para el próximo 11 de noviembre. La FLAVI (Federación Linense de Asociaciones Vecinales Inmaculada) y la plataforma Tarifa NO se vende han impulsado la creación del Comité Popular de Huelga General para coordinar la participación ciudadana.

La iniciativa nace con un objetivo claro: defender el derecho a una vivienda digna y denunciar los problemas que afectan cada vez más a la población, como el encarecimiento de los alquileres, la especulación inmobiliaria y las dificultades para acceder a una casa. También pone el foco en la amenaza de los desahucios y en el deterioro de servicios públicos esenciales, como la sanidad y la educación.

Desde el comité consideran que la subida del coste de la vida hace necesario reclamar también salarios y pensiones dignas. Por eso, quieren reunir a colectivos sociales, asociaciones vecinales, sindicatos y trabajadores para impulsar una respuesta conjunta.

El comité se presenta como un espacio abierto a todas las personas y organizaciones que quieran participar. Entre sus propuestas están organizar acciones informativas, coordinar iniciativas locales y fomentar la movilización vecinal.

Una reunión para preparar la movilización

La convocatoria contempla encuentros de coordinación para organizar las acciones previstas. La nota anuncia una reunión en la sede de Comisiones Obreras, situada en la avenida Fuerzas Armadas, número 2, de Algeciras, a las 18:00 horas, aunque la fecha indicada en el documento —20 de octubre— no coincide con el calendario de la convocatoria y conviene confirmarla.

La huelga general del 11 de noviembre se plantea así como una jornada para reclamar que la vivienda y los servicios públicos sean considerados derechos, y no negocios.

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