En julio de 2010 la Asamblea General de Naciones Unidas reconoció el derecho al agua potable y al saneamiento. Ambos derechos son esenciales para el pleno disfrute de la vida, de la salud y de todos los derechos humanos, y son legalmente vinculantes para los Estados firmantes, como España, del Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Las administraciones públicas están obligadas, por tanto, a respetarlos, protegerlos, cumplirlos y promoverlos en todos los ámbitos de la vida, tanto en los hogares como en los espacios públicos y comunes.
Esto ha motivado que sea necesario impulsar una campaña de incidencia institucional y ciudadana para avanzar en la implementación efectiva de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en todas la Comunidades, con los siguientes objetivos:
1º. Promulgación de una Ley que garantice la disponibilidad de un mínimo vital de agua y la prohibición de cortes de suministro para hogares en condiciones de vulnerabilidad económica y social.
2º. Asegurar la cobertura universal de los servicios de agua y saneamiento en todo el país.
3º. Incorporar a los ayuntamientos en la garantía del mínimo vital, mediante la intervención previa de los servicios sociales municipales en casos de cortes de suministro. Establecer criterios uniformes para la identificación de las situaciones de vulnerabilidad que permitan acceder al mínimo vital.
4º. Redactar un nuevo reglamento del abastecimiento y saneamiento de la infraestructura para que sea consecuente con los principios y criterios definitorios de los derechos humanos al agua potable y al saneamiento, así se evita la perdida del elemento y en mejores condiciones.
5º. Exigir a la administración autonómica y a los ayuntamientos que cumplan con sus obligaciones de respetar, proteger y cumplir con los derechos humanos al agua potable y al saneamiento en los espacios públicos y comunes..

6º. Impulsar actividades de concienciación e información ciudadana sobre los derechos humanos al agua potable y al saneamiento.