El anunciado desahucio que se pretende ejecutar por parte de la entidad financiera BBVA en el edificio «El Patio» de la calle Poeta Juan Ramón Jiménez, pretende expulsar, en pleno estado de emergencia, (y con nuestra ciudad confinada por el alto nivel de contagios), a 22 familias al borde de la vulnerabilidad, madres separadas víctimas de violencia de género, personas con discapacidad o enfermos de COVID-19 en aislamiento, e incluso niños pequeños. Realmente no se entiende cómo alguien, desde la seguridad, comodidad y calor de su hogar, puede pensar si quiera en arrebatarle a otras personas el único pequeño salvavidas que representa lo que hasta la fecha es su casa, por más «legal» que pueda ser. Sobre todo en la situación que se encuentran y que nos encontramos todas y todos.

 

Dice la Constitución Española en su artículo 47: «Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación» y el Estatuto de Autonomía de Andalucía en su artículo 25 propone: «Para favorecer el ejercicio del derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, los poderes públicos están obligados a la promoción pública de la vivienda. La ley regulará el acceso a la misma en condiciones de igualdad, así como las ayudas que lo faciliten».

El Real Decreto-ley 37/2020, de 22 de diciembre, dispone con medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda. Se prorroga la suspensión de los desahucios de personas vulnerables que no tengan otro lugar en el que vivir -tanto por no pagar el alquiler como por término de contrato- hasta la finalización del estado de alarma (9 de mayo de 2021). Igualmente se amplían las situaciones de vulnerabilidad social y económica que pueden alegarse a otras no necesariamente derivadas de los efectos del COVID-19.

La ley es clara, pero todas estas normas parecen no existir para las entidades financieras ni para quienes permiten la ejecución de estos actos.

Tampoco entendemos la postura de nuestro Ayuntamiento al no oponerse abiertamente  a esta ejecución, ya que el 5 de mayo de 2016, se aprobó en el Pleno de ese día considerar a La Línea Municipio libre de desahucios.

Desde el Círculo de Podemos La Línea, queremos manifestar nuestro más enérgico rechazo ante estas prácticas que son inhumanas y más aún en la situación actual de pandemia y pedimos que se respete la ley paralizando los desahucios (éstos y los que puedan surgir en un futuro) hasta que acabe el estado de alarma. También pedimos al Ayuntamiento de La Línea que preste especial atención a estas familias para proporcionarles asistencia y soluciones habitacionales mientras tanto.